La polémica que inició al conocerse que en el Paquete Fiscal del 2026 el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum pensaba incluir “impuestos saludables”, entre ellos tarifas a videojuegos “violentos” se levantó la polémica no sólo entre la comunidad gamer, sino en otros sectores que criticaron esta nueva tasa que afectaría principalmente a una población joven asidua a este medio de entretenimiento.
El argumento dado por el gobierno federal, retomaba una versión que se ha discutido por años, los videojuegos como generadores de violencia entre los niños y jóvenes. Este argumento se ha invalidado por diferentes estudios que coloca a la comunidad gamer como poco violenta o declive a actitudes antisociales.
Las revisiones al comportamiento de jugadores de juegos electrónicos no es nuevo y durante años, universidades e institutos que estudian el comportamiento humano han arrojado resultados sobre el papel de los videojuegos en la violencia; la mayoría han determinado que per se los juegos no estimulan la violencia en las personas, sino que es la combinación de diferentes factores, sociales y familiares los que combinados pueden generar conductas violentas.
Activistas, empresas de desarrollo y comunidades en línea han argumentado que los gobiernos críticos de los videojuegos, deben poner más atención en desarrollar un ambiente sano para niños y jóvenes y no criticar ni responsabilziar directamente y sin fundamento a los videjuegos de la violencia que se vide en el mundo.
Sheinbaum además argumentó que seria complicado determinar el grado de violencia de un título para tasarlo y cobrar el impusto que se tenía previsto cobrar a partir del 2026.