Un sector de grandes dimensiones económicas y fiscales, internas y externas, donde se requiere activar y renovar un mecanismo de vigilancia a nivel nacional son las aduanas. El análisis de llevar a cabo operativos contra la corrupción en estas áreas estratégicas es una opción viable, como primer paso, sin embargo, el tema toca intereses en gobiernos estatales y municipales.

Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, tiene copia de un documento, elaborado por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), presidida por José Gerardo Tajonar Castro, en el que se detallan conflictos recaudatorios entre autoridades y los resultados de una serie de intereses que derivan en un creciente problema de corrupción.

Parte de la propuesta dirigida a Marín Mollinedo se enfoca en reformar la Ley de Coordinación Fiscal. El objetivo es evitar que los gobiernos estatales interfieran en las operaciones de comercio exterior, ya que, según la denuncia, estas han derivado en abusos, corrupción y extorsiones en aduanas clave del país como: Nuevo Laredo, Tijuana, Manzanillo y Veracruz.

El documento en poder de este espacio señala: “En las aduanas mencionadas, los gobiernos locales de manera violatoria pretenden imponer cargas fiscales distintas a las aplicables, entorpeciendo con ellos procesos de importación y exportación y generando inseguridad jurídica de los contribuyentes, quienes luchan contra las exigencias de estas dependencias locales”.

Y es que desde hace 15 años, los convenios de colaboración fiscal entre la SHCP y entidades federativas han sido distorsionados, lo que permite a autoridades locales imponer cargas fiscales indebidas y entorpecer la logística de importaciones y exportaciones. Esto no solo afecta la seguridad jurídica de los contribuyentes, sino que genera un entorno hostil para los negocios, donde las reglas cambian según el estado y el funcionario de turno, debilitando la competitividad nacional.

La situación resulta paradójica si se considera que México ha sido reconocido por organismos internacionales como la OCDE por sus avances en digitalización aduanera. Sin embargo, estas innovaciones pierden eficacia frente a prácticas discrecionales y estructuras paralelas de poder instaladas por gobiernos locales. Por ello es que la ANIERM propone eliminar estos convenios o revisarlos a fondo, y concentrar la fiscalización del comercio exterior en manos federales para combatir con mayor contundencia la evasión fiscal, el contrabando y otras prácticas ilícitas.

A final de cuentas se trata de un tema que exige voluntad política y una revisión profunda del marco legal que rige la actuación de los estados en materia fiscal. Si realmente se busca una economía moderna, transparente y competitiva, es buen momento de cortar de raíz los vicios que han contaminado los accesos principales del país.

Esta rama de la economía nacional no puede quedar en el olvido ante la cruzada contra las malas prácticas en ciertos sectores. En este punto es relevante, para las autoridades, meter lupa en una área que registra hasta 1 billón 3 mil 951 millones de pesos en recaudación.