A lo largo de 18 años, en el caso de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos por parte de autoridades estatales y federales, en Oaxaca, existen dos exfuncionarios, pieza clave, en este asunto, de represión y brutalidad policial: Evencio Nicolás Martínez, exprocurador de justicia del estado y Pedro Hernández Hernández, exdirector de la policía ministerial.

Estos exfuncionarios, durante el mandato de Ulises Ruiz Ortiz, ahora, se encuentran en calidad de prófugos, en buena medida, por la dilación de parte del Ministerio Público. Evencio Nicolás Martínez es señalado como el autor material de la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Sin embargo, a lo largo de los años comenzó a interponer amparos para no ser detenido y estos le son concedidos, lo cual exhibe un pacto de impunidad entre la fiscalía y el poder judicial a favor de los represores.

En este añoso asunto, las órdenes de aprehensión en contra de los exfuncionarios policiales se giraron desde 2019 y no se les ha detenido. Ese es el punto crucial en la actualidad para este caso. El tiempo comienza a ser factor de desgaste para los familiares y al mismo tiempo se pierden testigos al mover a funcionarios que ya no tienen las mismas actividades de un sexenio a otro.

De acuerdo con las versiones del caso, en las instalaciones de la procuraduría estatal fue el primer lugar en el que se les vio a los eperristas. Por ejemplo Antonio Martínez alias “El Chuta” había trabajado en la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, y en virtud que estaba viendo lo de su pensión, acudía con frecuencia a las instalaciones de la misma y esta persona comentó que cuando todavía estaba en la procuraduría logró ver cómo los integrantes del EPR fueron entregados y recibidos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca; incluso él tuvo los papeles de la entrega y que quien los había detenido era el comandante Pedro Hernández, mismo que ahora se encuentra a salto de mata.

Ahora, otros dos exfuncionarios del orden federal se les requiere como testigos. Se trata de Armando del Río y Alejandro Punaro. 

Alejandro del Río, exdelegado de la otrora PGR en el Distrito Federal, asistió a una de las búsquedas de los luchadores sociales al panteón Municipal de Puerto Escondido. De él se sabe que tiene información que no se encuentra en el expediente, ya que en un momento estuvo presente, incluso, en las reuniones de mediación entre el gobierno federal y el EPR.

Además, Alejandro Punaro es otro quien también trabajó durante 29 años en la PGR, y en la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegó a ser subdirector de Terrorismo, lavado de dinero y acopio de armas. Se apunta que desde los primeros días de la desaparición de los eperristas fue de los primeros funcionarios en contactar a las familias de los desaparecidos.

Incluso, se presentó en el domicilio de Edmundo Reyes Amaya, y llevó a la esposa y un hijo al Campo Militar Número 1 para hablar con un general y luego a un hotel ubicado en la avenida Reforma con diversas personas. Ahora se le pide a las autoridades citar a estos personajes por la información que obtuvieron para que sean testigos en este caso. Sin embargo, el pacto de impunidad ahoga una investigación y un caso de trascendencia para las leyes mexicanas en materia de desaparición.