Para consolidar la llamada renovación histórica del poder judicial, la presidenta magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, debe hacer un trabajo quirúrgico ante las impugnaciones y la injerencia enmascarada de los partidos políticos durante el proceso electoral del 1 de junio.

Y es que arriesgarse y validar las elecciones judiciales, con los vicios denunciados por parte de organizaciones de la sociedad civil, es llevar al límite la estabilidad político-social del país. Y de paso dar el puyazo de muerte al tribunal electoral.

Además, actuar bajo los lineamientos de favorecer al partido en el poder es machucar la reputación del tribunal y confirmar que el aparato judicial estará al servicio del partido en el poder y que actuaron de manera concertada los partidos en el poder y los magistrados electorales Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Barrera Fuentes.

No solo la distribución de acordeones indujo al voto. Los partidos intentaron disfrazar a militantes con el traje de observadores electorales. El enmascarar a políticos fue una distorsión extra durante la jornada electoral. Esos componentes alertan de que el camino judicial se encuentra turbio.

El 15 de mayo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fue la primera en alertar de una operación encubierta por parte de Morena, y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde de infiltrar a sus militantes, el día de la jornada electoral, como observadores electorales. Lo frenó, pero faltaron controles y exhibieron los vacíos de las reglas electorales.

Al menos 44 mil 535 solicitudes fuero consideradas improcedentes precisamente porque habían sido presentadas por integrantes de los partidos políticos. De acuerdo con el análisis, ninguna entidad federativa quedó exenta de estos intentos por colocar como observadores electorales a integrantes de las fuerzas políticas.

Por ello es que validar la elección en los términos en los que se encuentra es burlarse de los derechos electorales, ya que simplemente en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existía una posibilidad de 7 mil 468 millones combinaciones de nombres en las 64 candidaturas. Sin embargo, los ganadores quedaron definidos a través de acordeones.

El problema de fondo es que la elección judicial se sustentó sobre decisiones coyunturales pasadas en emociones y los intereses políticos con un sesgo de revancha. Y lo que se desborda es una crisis de legitimidad en los juzgadores al validarlos desde el TEPJF.

La magistrada Mónica Soto se encuentra en un momento histórico único. Tiene en sus manos limpiar el proceso electoral y no dar pie a los excesos del poder. Los partidos confeccionaron la ley y llevaron al límite de las urnas las trampas. Las pruebas están a la vista. Las pifias y los desbordes se documentaron, no verlos es aferrarse a la miopía dictada desde el poder.

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