Acostumbrado a hacer política desde la frivolidad en temas relevantes para Nuevo León, Samuel García, tiene prioridades de corte político-electoral y la crisis ambiental en la región norteña como la contaminación del aire pasa a segundo plano en la agenda del mandatario.

La entidad entrará al proceso de renovación de gobernador en 2027 y la preocupación de Samuel García, por el tema electoral se debe a que se encuentra en 16% de las preferencias mientras que Morena amarra un 24% según las primeras encuestas. Con estos números, el mandatario fosfo-fosfo, sabe que la posibilidad de pelear la candidatura presidencia en su partido se disipa. 

Lejos de fortalecer su equipo con perfiles técnicos, experiencia probada y resultados tangibles, el gobernador Samuel García ha optado por desmantelar a su propio gabinete para colocar en su lugar a tres de sus operadores más leales. La lógica que impera no es la del buen gobierno, sino la del cálculo político, y eso, en un estado como Nuevo León, puede salir caro.

Y es que su gobierno tiene la marca de la derrota, anticipada. La crisis en la que se encuentra lo llevó a mover a Javier Navarro y Martha Herrera que eran piezas clave del andamiaje institucional. A Navarro se le reconocía su papel como contrapeso sensato dentro del gobierno. Abogado sólido, con oficio político, y un canal de interlocución confiable con el sector empresarial. Martha Herrera, por su parte, había logrado construir una agenda con visión, alineada a estándares internacionales en inclusión y desarrollo social. Ambos representaban lo que muchas veces se extraña en la política: profesionalismo.

Sin embargo, se les ofreció sustituciones con sello electoral. Miguel Flores, Federico Rojas y Daniel Acosta han sido promovidos no por lo que saben, sino por a quién conocen. Es una premiación descarada al trabajo territorial y de movilización durante las elecciones intermedias y judiciales. Y si eso ya es preocupante desde lo ético y lo técnico, lo es aún más desde lo legal.

El nombramiento de Flores y Acosta no cumple con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, esa misma que Samuel García impulsó con tanto ahínco. La norma establece con claridad que solo los titulares de Secretarías pueden coordinar gabinetes. Hoy, dos de los tres nuevos coordinadores violan ese principio. Flores no dirige ninguna Secretaría y Acosta encabeza una que ni siquiera pertenece al gabinete que ahora coordina. El gobernador está incumpliendo su propia ley. 

En este desorden institucional, al menos una designación merece ser evaluada con mesura, la de Raúl Lozano al frente de Medio Ambiente. A diferencia del resto, Lozano tiene trayectoria legislativa, conocimiento en temas ambientales y un perfil más dialogante. No será fácil levantar esa Secretaría, tras el paso de Alfonso Martínez, cuya gestión se caracterizó por la persecución recaudatoria, la falta de consensos y el hostigamiento a la industria formal. El resultado fue una percepción creciente de que el gobierno estatal se convirtió en enemigo de quienes trabajan y producen dentro de la legalidad.

El mensaje que queda es desolador. Samuel García mueve sus piezas de manera emocional y no técnica. Apuesta por la lealtad política por sus aspiraciones futuras. El partido ya lo desechó una vez y los tiempos aún no se aceleran. Su momento político está en punto de quiebre y su gabinete es muestra de ello.

Israel Mendoza Pérez, síguelo en @imendozape