Aunque existen más de 100 juicios de inconformidad contra la elección judicial, se ve lejana la nulidad de los resultados. No se trata de una cuestión jurídica ni por los excesos en la distribución masiva de acordeones para inducir al voto. Todo obedece a los intereses políticos de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso.

Con la entrega de las constancias de mayoría a jueces y magistrados que obtuvieron mayor cantidad de votos, queda en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la confirmación o la nulidad, de la elección judicial. Sin embargo, el tribunal, desde la presidencia de Soto Fregoso se convirtió en un aliado del partido en el poder durante el desarrollo de la Reforma Judicial y su posterior ejecución en las urnas.

La magistrada Mónica Soto se dedicó a deslindar al tribunal electoral del debate de la Reforma Judicial y marcar distancia del Consejo de la Judicatura. Ahora, los resultados están a la vista. Sin rubor, la magistrada debilitó a la independencia judicial-

El 12 de junio el Tribunal Electoral publicó un reporte en el que señaló que se recibieron hasta ese momento 57 Juicios de Inconformidad (JIN), es decir, las denuncias, derivados de la jornada electoral del 1 de junio. Sin embargo, lo que empañó la jornada electoral fue la existencia de los acordeones y la coincidencia de los resultados para definir ganadores. La burla de los derechos electorales se centra en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde existía una posibilidad de 7 mil 468 millones combinaciones de nombres en las 64 candidaturas. Sin embargo, los ganadores quedaron definidos desde las esferas del poder.

Los llamados acordeones que fueron distribuidos previo a la jornada electoral. Y su difusión masiva, los convirtió en instrumentos de propaganda electoral, inducción al voto y un golpe directo a la libertad del sufragio. Las pruebas están a la vista.

Ahora, la decisión de anular la elección está comprometida por sus intereses políticos. La magistrada afín al poder político se encuentra más apegada a los grupos de intereses que ofrecer justicia a la militancia y los ciudadanos.

Por ello es que las quejas se diluyen a su llegada al TEPJF. Hay consigna política en las decisiones técnica jurídicas.

La cercanía y simpatía de Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Barrera Fuentes con personajes de primer nivel dentro del partido en el poder está en contra de los derechos electorales de quienes presentaron quejas.

El problema de fondo es que la elección judicial se sustentó sobre decisiones coyunturales basadas en emociones y los intereses políticos con un sesgo de revancha. Y lo que se desborda es una crisis de legitimidad en los juzgadores.

A esto, el análisis de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) es contundente y no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región. Más elementos advierten que el TEPJF tendrá una papa caliente en las manos.