Morena, el partido que surgió de las izquierdas y que tras largas luchas llegó al poder hoy acumula un gran poder, pues en los ultimos 8 años ganó la mayoría en las cámaras, la presidencia por un segundo mandato y varias gobernaturas. Esta acumulación de poder debería reflejarse en políticas públicas a favor de la gente que confió en ellos, sin embargo, en los últimos meses del sexenio encabezado por Claudia Sheinbaum hay acciones de sus cerreligionarios que van en sentido contrario.
Este es el caso de Campeche y Puebla donde este fin de semana se dieron dos golpes durísimos contra la libertad de expresión en un México donde los periodistas viven bajo peligro constante.
En Campeche entidad gobernada por la morenista Layda Sansores, la jueza Guadalupe Martínez Tabodada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, ex director del periódico “Tribuna”; además la sentencia le prohibe ejercer su oficio. No pisó la cárcel, sólo por tener 72 años.
Esta resolución se da después de que en abril Jorge Luis González fue detenido con violencia por policías estatales. La violencia contra él se registró en video.
Además de la prohibición de ejercer el periodismo, el comunicador debe pagar dos millones de pesos y de no hacerlo se le embargará su casa. Esta demanda además incluyóa a Organización Editorial del Sureste S.A. de C.V., empresa detrás de Tribuna Campeche a la que se les ordenó desaparecer el sitio web, donde laboran al menos 30 personas.
Layda Sansores insiste en que el comunicador la difamó e incitó al odio en su contra y que sus dichos son sinónimo de violencia contra ella y otras mujeres.
Este hecho es peligroso, es un antecedente importante contra la libertad de expresión. Estamos viendo que Sanosres está usando todo el poder que le acompaña para atacar a quien no le aplaude. A pesar de que AMLO y Sheinbaum han repetido una y otra vez “prohibido prohibir” estas acciones legales contra un comuniador podrían ser un indicio de lo que otrtas entidades, otros gobernantes y funcionarios aplicarán contra medios y comunicadores incómodos, ya sea para callarlos o alinearlos.
Ley Censura en Puebla impulsada por Armenta
El segundo caso lamentable es lo que ocurrió en Puebla con la aprobación de lo que llamaron Ley censura.
El Congreso del Estado aprobó el 12 de junio el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, en materia de ciberseguridad, con la finalidad de tipificar el delito de usurpación de identidad, espionaje digital y ciberasedio.
El dictamen establece tipificar el delito de usurpación de identidad para imponer sanciones a la persona que utilice tecnologías de la información y de comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para contactar a niñas, niños y adolescentes y personas incapaces, con el propósito de crear un vínculo de confianza para controlarlos emocionalmente o chantajearlos con fines sexuales.
Así como sanciones a la persona que, a través de las tecnologías de información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital se haga pasar por una Institución financiera o empleado de esta, con la finalidad de que por sí o por la persona usuaria, se acceda a un sitio en el ciberespacio para obtener sus datos personales o cualquier información confidencial de esta última y obtener cualquier beneficio indebido.
De igual manera, se tipifica el delito de espionaje digital cuando a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, acceda a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legítimo titular o propietario a efecto de conocer u obtener sus datos o cualquier tipo de información o documentos personales.
Asimismo, se tipifica el delito de ciberasedio cuando a través de la utilización de las tecnologías de información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agrave o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
Esta modificación ya entro en vigor y está publicada en el Periódico oficial del Gobierno de Puebla y con ello hoy miles de personas que utilizan las redes sociales y otras plataformas de Internet para criticar las acciones del gobierno de Armenta están en riesgo de ser vinculados a un proceso legal que daría por resultado penas de hasta 3 años.
¿Por qué hay riesgo? Porque como vemos en Campeche, estas leyes se utilizan para aplacar voces contrarias, amenazar e infundir miedo a expresar descontento. No importa que seas reportero o periodista, conductor o un ciudadano común que exprese en X, Facebook TikTok o Instagram desacuerdos contra la polícita actual, de igual forma pueden aplicar estas leyes en tu contra su es que resultas incómodo.
Al ver la lluvia de críticas que nuevamente inundaron el Internet, Alejandro Armenta envió una solicitud al congreso de Puebla para establecer foros de discusión y se discuta la Ley de Cibersegurida con respecto al ciberacoso.
O sea, una vez que aprobaron, ahora sí quieren reunir a expertos, periodistas y organismos de Derechos humanos para analizar. Todo al revés.
Recordemos además que a esta acción le precede el ataque de Armenta contra Rodolfo Ruiz, director del medio e-Consulta a quien llamó canalla y cobarde, pero además hizo un llamado de la fiscalía a actuar contra él.
No son los únicos ejemplos pero sí los más recientes y alarmantes provenientes de miembros de la 4T.