Convertido en rehén de sus colaboradores, el alcalde en Álvaro Obregón, Javier López Casarín, tapa abusos y permite a los integrantes de su círculo cercano tomar decisiones convenientes a sus intereses aunque pase por encima de trabajadores y ciudadanos.
Cuando se exhibieron los excesos de José Darío Montaño Díaz, jefe de la Unidad Departamental para el Trámite del Servicio Militar Nacional, acusado de ser un violentador laboral, prepotente y traficante de influencias, la alcaldía decidió separarlo del cargo; sin embargo se quedó en la estructura de la alcaldía.
A través del documento CDMX/AAO/JOA/657/2025, Alfonso Cruz Ocampo, Jefe de la Oficina de la Alcaldía, detalla que “no se reconoce violación a los derechos humanos de Paulina Nájera Monroy”, aunque ella documentó hostigamiento laboral por parte de José Darío Montaño Díaz.
Lo removió, pero todo quedó en cubrir las apariencias y las víctimas quedaron en una posición vulnerable. El alcalde toleró, tapó y dio impunidad a Montaño Díaz. Esa es la marca de la casa.
En el documento todo está a favor del alcalde y sus colaboradores cercanos. No hay sanciones. La estructura del personal quedaron en un papel humillado. El documento es la muestra de que se minimizan los escándalos que rodean al alcalde.
Y es que José Darío Montaño, hasta hace unos meses se ostentaba como “licenciado” sin serlo, además de que dejó en opacidad su declaración de intereses. El alcalde apostó al 10 por ciento de experiencia. Los resultados quedaron a la vista.
En una búsqueda que llevó a cabo en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, no se encontró información de José Darío Montaño; no obstante, en el currículum que publica la alcaldía Álvaro Obregón sostiene que su escolaridad es de licenciatura en Derecho. Además, este caso no es menor, ya que en la fracción II del Artículo 250 del Código Penal Federal se indica que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días “a quien sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del Artículo 5 constitucional”.
Entre lo más criticable es que el alcalde Javier López Casarín permitió que Darío Montaño ostentara una amistad para escalar posiciones y convertir en un feudo, el cargo que ocupó.
López Casarín se encuentra en la posición 11 del ranking de alcaldes elaborado por la encuestadora Factométrica. Ni siquiera alcanza la media tabla. El alcalde se encuentra en una situación crítica en el aspecto de credibilidad frente a los ciudadanos. La alcaldía rebosa en problemas, el alcalde se aleja de las críticas y adopta por dejar en manos de sus colaboradores la resolución de conflictos.