La organización Artículo 19 condenó las amenazas contra la periodista Adela Navarro, directora general del semanario ZETA, medio con sede en Tijuana, Baja California.
En un comunicado describe que la periodista recibió ocho llamadas telefónicas con amenazas entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025. En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato.
Los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con identificador de llamadas, razón de que se complique el origen y que las autoridades retrasen la investigación, ya que deben obtener primero informaación de la compañía telefónica.
En diversas entrevistas la periodista dice que aunque no es la primera vez que el medio recibe amenazas y ella misma es objeto de ellas, esta vez optó por hacer la denuncia ante las autoridades y enviar la información a la organización Artículo 19 para ayudar a la denucia pública.
Navarro se aventura a atribuir el origen de las amenazas a dos reportajes relacionados con la gobernadora Marina del Pilar. En el primero denunciaron que durante una reunión de seguridad, la mandataria ordenó no investigar fosas comunes con el argumento de “no ser otro Teuchitlán” y el segundo es la revocación de su Visa por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Es preciso señalar que Navarro informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva. La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público.
A lo largo de 2024, ARTICLE 19 documentó un total de 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales, la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.
Adela Navarro también ha dicho que después de la condena de Artículo 19, el fiscal estatal la contactó para decirle que retomarán su denuncia pero que la falta de identificador de llamadas complica la investigación.
La irganización pide dos acciones concretas para este caso:
– A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): iniciar de forma urgente una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables.
– Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: otorgar medidas de protección inmediatas para Adela Navarro y el equipo de Semanario ZETA, considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones.