El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU invocó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de las personas para México, pues desgraciadamente nuestro país vive desde hace años una crisis de desapariciones a causa de la violencia que se genera por la disputa de territorios entre los cárteles de la droga.
Si bien la Guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón fue el catalizador para la desaparición de personas y muchos otros delitos como la trata, las ejecuciones, secuestro, extorsión y muchos más, ningún gobierno posterior ha logrado detener la violencia en México.
Los sucesores de Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum sumaron y suman más personas a esta cifra funesta. Los sexenios pasan, sin importar colores, y hoy son más de 114 mil desaparecidos.
Bajo este panorama de un alto crecimiento de personas desaparecidas en México es que se activó el Artículo 34 de la convención.
¿Qué dice el Artículo 34 de la Convención invocado por la ONU para México?
El artículo 34 de la Convención dispone que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.”
Esta activación inmediatamente generó un reclamo por parte de la bancada de Morena en el Senado de la República y por parte de la dirigencia de MORENA, incluso de la presidenta Sheinbaum.
A través de comunicados y declaraciones rechazaron y condenaron la declaratoria de la ONU por considerar que contiene una carga ideológica dispuesta a ofender y atacar al gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum
– Rechazamos de manera categórica los señalamientos del Comité, pues nuestro gobierno, democráticamente electo, no consiente, permite ni ordena la desaparición forzada de personas como parte de una política sistemática de Estado.
– Desde 2018 a la fecha, el Gobierno de México ha enfocado su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como en el despliegue de estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivadas de este delito. A diferencia del pasado, el gobierno no desaparece personas ni viola derechos fundamentales, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad.
– Como ejemplo podemos mencionar las acciones implementadas durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que destacan la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, la cual constó, en esencia, de la búsqueda casa por casa y la confronta de bases datos para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.
– De igual modo, podemos señalar las iniciativas enviadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la Unión en marzo pasado, en donde resaltan la implementación de acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas, así como la creación de una Plataforma Única de Identidad a partir de la Clave Única de Registro de Población (CURP), con el objetivo de facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición realizada por particulares.
Principalmente Gerardo Fernández Noroña se posicionó no sólo en redes sociales sino desde la tribuna del Senado para además de condenar esta activación por parte de la ONU, sino además para pedir la destitución de Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés).
La inconformidad y la respuesta tan agresiva de Morena es por el uso de término de desapariciones forzadas. Para Morena sólo fue una práctica que se utilizó durante la Guerra Sucia en los años 70s. Recordaron las acciones de gobiernos priistas. Pero es importante determinar que en los últimos tres o cuatro sexenios la desaparición forzada no sólo tiene relación con la batalla contra política y los ataques a opositores del gobierno. Se ha comprobado que hay una participación de autoridades que en contubernio con el crimen organizado han desaparecido a miles de personas en todo el país.
No necesariamente son personas pertenecientes a grupos políticos, o grupos de lucha social; hablamos de civiles, campesinos, migrantes, estudiantes, amas de casa, empresarios de los que hoy el gobierno no puede dar pista.
Organizaciones de familias buscadoras, expertos en el análisis de problemas relacionados con la violencia han comentado que este llamado de la ONU debe verse como una oportunidad para que el gobierno mexicano reciba ayuda internacional para tratar de resolver una problemática transexenal, un problema que afecta y lastima a miles de familias.
La Convención ha sido concebida por los Estados Miembros de las Naciones Unidas para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas, prevenir su ocurrencia, prestar apoyo a las víctimas y orientar a los Estados sobre las medidas que deben adoptarse para promover los derechos de la Convención y mejorar la cooperación y la asistencia entre los Estados. El artículo 34 de la Convención es uno de los procedimientos que el Comité puede aplicar para alcanzar estos objetivos.
Para todas las actividades que le han sido encomendadas y de conformidad con su Reglamento, el Comité adopta sus decisiones como órgano colegiado, después de un análisis exhaustivo de toda la información disponible, y el Presidente es responsable de transmitir dichas decisiones, quedando bajo la autoridad del Comité.
¿Por qué en el gobierno de Peña Nieto Morena condenó los ataques al GIEIC por su investigación en Ayotzinapa, por qué apoyaron a la ONU en su pronunciamiento por Tlatlaya?
A esta condena institucional dirigia a la ONU se sumó la Comunsión Nacional de los Derechos Humanos. Su titular Rosario Piedra Ibarra rechazó la intervención pues para ella le resta valor al organismo por no intervenir antes. Increíble que la lucha iniciada por su madre la señor Rosario Ibarra de Piedra, no sea suficiente motivo para aprovechar la ayuda internacional.
La ONU no afirmó en ningún momento que el gobierno federal fuera el culpable directo de las desapariciones, pero con datos se puede comprobar que en diferentes niveles las fuerzas policiacas de gobiernos municipales y estatales, incluso el ejército, se han relacionado con este problema. Ya sea por colusión o por omisión el estado mexicano es responsable.