El tema de las desapariciones en México ha trascendido sexenios ya que ligado al incremento de la delincuencia y los cárteles de la droga, delitos como el secuestro, trata de personas, extorsión y desaparición incrementaron. Los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, colocó nuevamente al gobierno en el centro del debate pues a peszar de que el año pasado la Guardia Nacional reportó la incautación de armamento y detención de personas en el lugar, no se continuó la investigación por parte de las fiscalías, ni la estatal ni federal.
Fue hasta el ocho de marzo cuando un colectivo de buscadoras ingresó en el predio donde encontraron maletas, ropa y zapatos, así como señalizaciones con marcas de armas de fuego de diferentes calibres. Las imágenes pronto ocasionaron la inevitable comparación con los campos de concentración en Alemania.
Pocos días después se halló otro centro similar en Reynosa, Tamaulipas. Presuntamente ambos predios eran operados por integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. A la par, organizaciones civiles denunciaron que centros como estos operan en Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Sinaloa, entidades donde hay fuerte presencia de grupos criminales y en donde las desapariciones son recurrentes.
La mañana de este lunes 17 la presidenta Sheinbaum anunció que se tomarán medidas de su gobierno para trabajar sobre las desapariciones en México.
Acciones anunciadas contra la desaparición de personas:
1. Hoy, se firma un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas.
2. El próximo jueves se enviarán iniciativas de reforma al Congreso de la Unión: la primera, una reforma a la Ley General de Población, para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población (RENAPO) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
La segunda iniciativa, se trata de una reforma a la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para:
- Crear la Base Nacional Única de Información Forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal.
- Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso, a personas fallecidas.
- Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluida la identificación de ADN, con el apoyo de Instituciones Científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las Fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las Comisiones estatales de Búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital.
3. Incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República.
4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal.
5. Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.
En el caso de Teuchitlán, Jalisco, informó que:
- Desde que el Gabinete de Seguridad tomó conocimiento se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación profunda con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyos expertos se encuentran en el lugar.
- Aseguró que el Gobierno de México está comprometido en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. “No habrá impunidad”
- Aseveró que nunca se ocultará nada y se prevalecerá la verdad siempre: “En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca; desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia”.
- También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes, desde septiembre de 2024, tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México.
- Se instruyó a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda atender a familiares de las víctimas de personas desaparecidas. En este y en otros casos.
- También el Gabinete de Seguridad coadyuvará en todas las investigaciones.
- Además se está al pendiente de que el próximo miércoles la Fiscalía General de la República informe al pueblo de México de los avances en las investigaciones y las pruebas que tiene sobre este caso.
En entrevista con Carmen Aristegui, el activista e investigador Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, cuestionó las acciones declaradas por Claudia Sheinbaum, pues afirmó que no es nada nuevo a diferencia de los dicho por sus antecesores.
Sobre todo si una de las afirmaciones oficiales es que lo ocurrido en el Rancho Izaguirre ocurrió hace varios años, pues según información que se puede consultar en Google Maps, es apenas hace cuatro o cinco años cuando se construyó la infraestructura usada por el CJNG para sus actividades que podría incluir, tortura, desaparición, ejecución, cremación y entrenamiento en uso de armas, entre otros delitos.
También criticó que una de la presidenta evite reunirse con grupos de búsqueda a quienes ni en campaña ni ahora en su gobierno a tomado en cuenta, a pesar de que cuentan con experiencia e información recolectada a través de los años.