La Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, alertó sobre las iniciativas presentadas el 3 de octubre por a Senadora Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; su proyecto consiste en un Decreto para adicionar la fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional:
Toda actividad ilícita cometida mediante el uso de medios electrónicos, digitales, tecnológicos, redes de comunicación o informáticos que pongan en riesgo el orden público y la paz social, dañen o vulneren a las instituciones o dependencias públicas o amenacen la seguridad de las áreas estratégicas (del Estado).
Sobre la iniciativa presentada por el Diputado Humberto Coss, del Grupo Parlamentario de MORENA el 8 de octubre R3D puso el foco en la Iniciativa que adiciona el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, lo siguiente:
XIII. Actos tendentes a acceder, conocer, obtener, difundir, copiar o utilizar información, modificar, destruir, ocasionar pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de Seguridad.
R3D denuncia que dichas iniciativas son sumamente amplias y vagas en su redacción lo que podría dar pie a interpretaciones que vulneran los derechos humanos en el entorno digital de activistas y periodistas en casos específicos, pero esto afecta a los ciudadanos en general, pues las denuncias ciudadanas pueden callarse a través de estos párrafos.
Las definiciones propuestas por ambos legisladores permitirían que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, pueda intervenir de comunicaciones privadas de manera extensa e incumplir el principio de legalidad y certeza jurídica a la que califica como demasiado vaga y amplia en la que prácticamente cualquier conducta ilícita en la que se utilicen tecnologías de la información y comunicación (TIC) podría clasificar como una amenaza a la seguridad nacional.
Para afirmar la validez, legitimidad en un sistema democrático y compatibilidad con los derechos humanos de las actividades de inteligencia del Estado, antes de ampliar el catálogo de amenazas a la seguridad nacional con definiciones amplias y vagas, es necesario establecer controles democráticos y combatir la impunidad, especialmente en casos en los que autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, entonces CISEN) no han rendido cuentas, por ejemplo, por el uso de Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
El texto de R3D critica duramente la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que “no ofrece suficiente claridad ni contempla salvaguardas adecuadas ni suficientes en contra del abuso de medidas de vigilancia secreta” y recuerda el espionaje que se ha hecho contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas y por los que se han pronunciado organismos internacionales como Human Rights Watch y ante los que se han negado a responder los gobiernos federales de los últimos tres sexenios.
R3D afirma que la iniciativa de reforma es innecesaria, pues el artículo 5 de la LSN ya contempla como amenaza a la seguridad nacional, entre otras, “actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”, por lo que el CNI ya cuenta con facultades para atender como amenaza a la seguridad nacional los ataques informáticos que puedan afectar de manera grave infraestructura crítica.
Nuevamente la organziación solicitó a los congresos un diálogo que integre a diversos grupos de la sociedad para avanzar hacia reformas que contemplen estos puntos para que en conjunto se combatan las amenazas sin trastocar los derechos digitales y sin poner en riesgo la libertad de expresión.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui el director de Luis Fernando García, director de R3D además de exponer los errores de estas iniciativas, recordó que el mismo ex presidente Andrés Manuel López Obrador elogió el trabajo de Julian Assange y pidió su libertad, y que iniciativas como estas al mal interpretarse llevarían a juzgar el trabajo de denuncia.
