• Fomentan procesos de evaluación de programas sociales para disminuir la desigualdad en el Estado de México.
• Aseguran que la capacitación técnica y metodológica sobre evaluación contribuye a la innovación y a la mejora continua de las acciones públicas hacia la atención de necesidades.
Toluca, Estado de México, 20 de julio de 2022. En seguimiento a las instrucciones del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, de que las labores de las dependencias estatales deben ser sujetas a evaluación, el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), capacitó de forma virtual a responsables de ejecutar los procesos de monitoreo de los programas de la Secretaría del Campo.
El CIEPS, organismo perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social que dirige Alejandra Del Moral Vela, tiene entre sus atribuciones sustantivas la de habilitar a los servidores públicos de la administración estatal y los ayuntamientos para que las actividades que desempeñan sean apegadas a los principios gubernamentales.
La evaluación aplicada a programas de desarrollo social es una responsabilidad que permite a las dependencias ejecutoras saber si están aportando soluciones a las problemáticas de la sociedad, debido a que el diseño y creación de estos, coadyuva para obtener resultados que contribuyan eficazmente en la toma de decisiones para asegurar el acceso a derechos y a su vez, disminuir la desigualdad dentro del territorio mexiquense.
El principal objetivo de dicho curso consistió en dar a conocer los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos que versan sobre la política social aplicada a las acciones gubernamentales en beneficio de la población, así como brindar herramientas básicas referentes a los procesos de evaluación con apego a la normatividad.
Además, enfatizaron en la importancia de este tipo de ejercicios que sirven de base para la toma de decisiones, para orientar los recursos y acciones públicas hacia la atención de necesidades de grandes sectores vulnerables en la entidad.
Con esta actividad, el CIEPS refrendó su compromiso para asegurar la efectividad de la política social con enfoque de derechos humanos que se lleva a cabo en el Estado de México, a partir de la capacitación permanente y asesoría técnica dirigida a las personas funcionarias públicas operadoras de servicios inherentes al desarrollo social y humano.
