￭Israel Mendoza Pérez
@imendozape
A más de un año de la masacre en Bavispe Sonora contra las familias Miller, Langford, Johnson y LeBarón se tienen 17 detenidos y falta por cumplimentar 15 órdenes de aprehensión. Esa es la numeralia oficial de la cuatroté y los datos presumidos de Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay un punto central: lentitud y desinterés.
Sin embargo, hasta el momento, hay detenidos, presuntos culpables, pero ni un sólo sentenciado. Sólo se han detenido a gatilleros como les dicen a los sicarios de los grupos criminales que tienen aterrorizada la región, pero no han dado con nadie del lado intelectual de los hechos y eso es lo que está pendiente. Para la cuatroté con lo que pueda significar un memorial para las nueve víctimas de la masacre a la salida de la comunidad La Mora, en Bavispe, Sonora y la promesa de justicia, se trata de darle un carpetazo a un crimen que a todas luces deslumbra por la lentitud en la justicia y la impunidad.
El crimen de los integrantes de la familia LeBarón es un fantasma que pesa ahora sobre la cuatroté. Incluso, Alejandro Gertz Manero le juega a la contra ya que Dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), órgano encargado de llevar la indagatoria del caso, ha habido cambios de personal que retrasan el proceso.
La policía fiscal entregó un reporte a las familias afectadas, pero está incongruente con los resultados que se les han dado a los integrantes de la familia LeBarón y el gobierno mantiene la tesis de la confusión como su eje central. Y en este caso hay un 97 por ciento de impunidad con tan sólo tres vinculados a proceso.
Después del ataque de hace un año, Alfonso Durazo salió de inmediato y sólo dio una declaración precoz al señalar que el convoy integrado por dos camionetas Suburban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. Aun así, los responsables viven en la impunidad. Ni avances significativos en la investigación ni un detenido que sea la pieza clave para ubicar con exactitud que pasó la tarde del 4 de noviembre de 2019.
Desinterés del gobierno actual y ahora con unas elecciones en el estado y con un candidato al que no se le puede dejar en el abandono, se tiene más preocupación política que jurídica en este crimen que a más de un año de la tragedia se mantiene ominoso.
Con un memorial, una reunión a puerta cerrada con pocos avances de la investigación y la promesa de esclarecer el caso es con lo que se quedaron las familias Miller, Langford, Johnson y LeBarón. A más de un año no hay avances y todo se va sobre un camino delicado ya que el llamado a convertirse en una “comunidad autónoma” pone sobre alerta el crecimiento de un movimiento con tintes de autodefensa invariablemente.▃
