Notas Inicia Gobierno capitalino demolición de inmueble en Presa Anzaldo Publicado el 06 Noviembre 2020 
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La empresa responsable de la construcción deberá hacer la restauración del sitio, así como la demolición total de las obras e instalaciones asociadas al proyecto
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Entre los incumplimientos de la empresa se encuentra la ausencia del Dictamen de Impacto Urbano, de la Manifestación de Impacto Ambiental e irregularidades en la manifestación de construcción, entre otros
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), y la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), inició con la demolición de las obras e instalaciones asociadas al proyecto denominado “Edificio de Oficinas Periférico 3042”, localizado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 3042, colonia San Jerónimo Aculco, Alcaldía Álvaro Obregón.
Como parte del Dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019, la DGEIRA determinó que Banca Mifel S.A. deberá hacer la restauración del sitio, así como la demolición total de las obras e instalaciones asociadas al proyecto, consistente en la construcción de un edificio de oficinas con 11 niveles, bajo nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 141.39 metros cuadrados (m2) y 18 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 881.584 m2.
Esto suma una superficie de construcción total de 53 mil 22.974 m2, que representa el 75 por ciento de avance con respecto al proyecto completo, con una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos.
La titular de la DGEIRA, Andrée Lilian Guigue Pérez, destacó que que el dictamen de daño ambiental obliga a los desarrolladores del proyecto a demoler el inmueble en su totalidad y a pagar poco más de 61 millones de pesos al Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México.
“Nunca se demostró, por parte del promovente de la obra, que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer este tipo de obra, además de que ya contaba con negativa en materia ambiental a este proyecto. Entonces, además de ya tener las negativa del proyecto, construye sin autorización, invade la zona federal, es decir, el cuerpo de agua; hizo todo lo que ningún desarrollador debe de hacer, que es justamente toda una serie de actividades irregulares, ilegales”, puntualizó.
Guigue Pérez, informó que el costo estimado de las obras de demolición es de 30 millones de pesos, mismo que correrá a cargo de la desarrolladora. Además, comentó que en el lugar se encuentran trabajando 80 personas y el proceso de demolición será de 60 días.
Luego de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se desechó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por los responsables de las obras y dado que ya se cumplió con el tiempo legal establecido en el dictamen de daño ambiental, se acordó que la DGEIRA lleve a cabo la demolición.
El 4 de julio de 2019 la Sedema emitió una resolución, a través de la cual se determinó la demolición de dicho inmueble y la imposición de multas por un monto de 61 millones 441 mil 843.33 pesos. Sin embargo, el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de dicha determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, obteniendo de manera provisional la suspensión del acto, a fin de continuar con la construcción.
Entre los requisitos elementales que incumplió la empresa se encuentra la ausencia del Dictamen de Impacto Urbano, de la Manifestación de Impacto Ambiental e irregularidades en la manifestación de construcción, entre otros.
En respuesta, el Gobierno de la Ciudad de México inició una estrategia jurídica para ejercer acciones legales a través de la vía administrativa y de la penal, con la finalidad de evitar que los trabajos de construcción continúen y los posibles actos de corrupción que dieron origen a la construcción del inmueble.
Por ello, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) presentó demanda de acción pública y una denuncia en contra de quien resulte responsable, así como del Director Responsable de Obra, Corresponsable, Constructor, Representante Legal y/o Propietario ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, iniciándose la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3 C/D/00427/03-2018; asimismo, se inició un juicio de lesividad, mediante el cual se determinó la suspensión para que no se continúen con los trabajos de construcción.
Como resultado de la estrategia jurídica del Gobierno capitalino, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó levantar la suspensión otorgada en el juicio de nulidad, como consecuencia de la resolución de apelación interpuesta por la Sedema, revocando el auto que admitió la medida cautelar de suspensión.
Por lo anterior, este viernes la Sedema encabeza los trabajos de demolición, en coordinación con las Secretarías de Obras y Servicios (Sobse), de Seguridad Ciudadana (SSC), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
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