A pesar de los pronunciamientos de la sociedad y de las recomendaciones de organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus oficinas en varios estados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el rector de la Universidad Iberoamericana (Ibero) campus Ciudad de México, David Fernández; Enrique Graue Wiechers de la Nacional Autónoma de México (UNAM) y Tonatiuh Bravo Padilla de la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como el colectivo #SeguridadSinGuerra encabezado por los actores Gael García Bernal y Diego Luna al que se unieron muchas personas en una marcha del Ángel de la Independencia al Senado de la República.
No sólo dentro de México, sino fuera del país, numerosas voces se pronunciaron por la NO aprobación de una ley que busca darle carácter legal a la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, desde que Felipe Calderón anunció su guerra frontal contra el narcotráfico, estrategia que no sólo se mantuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino se extendió a operativos en estados y municipios que se consideraron de interés, por la ineficacia de las autoridades locales, y que ni el mando único pudieron resolver, cayendo en el uso indiscriminado del ejército.
11 años, en los que los gobiernos estatales y municipales, no han podido resolver el problema de la seguridad y que cómodamente han sacado al ejército a realizar tareas que no les corresponde. La estrategia ha fallado y ahora con la Ley de Seguridad Interna, se ha legalizado su uso para continuar con las tareas de seguridad pública.
Tanto las comisiones unidas del Senado de la República así como el pleno de la Cámara de Diputados, integrantes del PRI, PAN y PVEM, aprobaron esta ley que significa la legalización de la estrategia fallida, a pesar de las miles de voces de ciudadanos en contra, no sólo la oposición, no algunos diputados o senadores; y la continuidad en el aumento de los muertos.
