Mientras que la CDMX celebra 10 años de una de las leyes más progresistas aprobadas por el gobierno capitalino, el gobierno del perredista Silvado Aureoles Conejo propuso una modificación a la ley actual para intensificar el castigo no sólo para quien aborte, sino para quien ayude en el proceso de interrupción del embarazo.
Aunque ayer se anunció que el proyecto presentado por Aureoles se retiraba de la mesa para dar paso a una iniciativa que complementara la legislación actual que permite el aborto por causas de salud o de situación económica precaria.
Fue la polémica y la presión negativa que recibió la propuesta de Silvado Aureoles lo que permitió echar atrás lo que habría sido un retroceso en la lucha de los derechos de las mujeres en México.
Actualmente la Ciudad de México es se han practicado 176 mil 355 mujeres han recurrido a este procedimiento desde que en 2007 se reformó el código penal permitiendo la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas.
Ahora el compromiso del gobierno michoacano es trabajar en una iniciativa que otorgue las mismas condiciones que hoy se cuentan en la Ciudad de México.
