Esta mañana el Movimiento Nacional Taxista cuestionó el paradero de los ingresos por concepto de validación vehicular, cuyo costo es de 1,650 pesos equivalentes al pago de la revista vehicular que un taxi concesionado tiene que cubrir y que a diferencia de éste, el dinero de la validación no llega a la Tesorería, sino a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, por lo que no se sabe quien administra dicha contribución. En cambio, los 140 mil concesionados aportan 4 mil 200 millones de pesos a las finanzas del Gobierno de la CDMX.
“De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la empresa CARD RECORD TECHNOLOGY, SA de CV, de cuestionable creación, es la encargada de administrar estos fondos, pero el concepto de validación vehicular, es un concepto que no existe en el Código Fiscal de la CDMX, por lo que es preocupante saber a dónde se va ese dinero, así como dónde están los más de 80 millones de pesos que han aportado estas dos plataformas por el concepto del 1.5 por ciento en un año para el Fondo de Mejoramiento del Taxi, la Movilidad y el Peatón, uno de los requisitos para llevar a cabo el acuerdo ilegal que permite que empresas como Uber presten un servicio ilegal”, destacó Ignacio Rodríguez, vocero del movimiento.
En conferencia de prensa destacaron que a diferencia de Cancún donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte puso un alto a Uber y lleva más de 400 vehículos detenidos y sancionados desde el inicio de la nueva administración estatal, la ciudad de México se ha convertido en tierra de nadie donde empresas económicamente poderosas atropellan la legislación e instalan Aplicaciones Tecnológicas para dar un servicio ilegal de transporte de pasajeros como ocurre ya con Buggy Rides, Taxify y Ergomotos.
Pero no sólo eso, sino que al contrario de los taxistas concesionados que deben regirse a tarifas oficiales, Uber, por ejemplo, la semana pasada comenzó a cobrar de forma unilateral, porque así se los permiten las autoridades, un incremento de 2 pesos por la solicitud de servicio, más 3.60 para otras contribuciones, además del 1.5 por ciento del viaje para el Fondo de Mejoramiento del Taxi, la Movilidad y el Peatón, áreas peatonales y la movilidad, costo que están trasladando al usuario.
Hugo Guerrero dio a conocer que los concesionarios en todo el país están perdiendo un aproximado de 300 pesos por día, lo que multiplicado por los 700 mil concesionados en todo el país arroja una cantidad de 412 millones de pesos diarios que se van a las arcas de estas empresas transnacionales y no al mercado interno de nuestro país.
En tanto, Daniel Medina, vocero de Taxistas Organizados de la Ciudad de México, resaltó que en materia de seguridad, el índice de delitos graves cometidos en los taxis concesionados no rebasa el uno por ciento anual: “Se encuentra en 0.5 por ciento la comisión de delitos graves, es decir una cifra muy baja, sin embargo al pedir información a la Procuraduría General de la República sobre este dato entre los vehículos de Uber y Cabify, la respuesta es nula, sentimos que hay un encubrimiento al dar esa información, sin embargo y afortunadamente, los medios de comunicación han dado cuenta de los delitos cometidos como robo, violación e incluso muerte por accidente y cuyo seguro no respalda en absoluto al pasajero”, subrayó.
Los Taxistas Concesionados Organizados de México, integrantes del Movimiento Nacional Taxista, destacaron que de la omisión, complacencia, colusión y corrupción que existe en el Gobierno de la Ciudad de México han impuesto un servicio pirata de corte transnacional que, como hemos dicho, se lleva al extranjero la renta que debería ser de los mexicanos y los impuestos para la ciudad y el país.
Propiciado por observar la condescendencia del gobierno de la Ciudad, ahora “han aparecido otras aplicaciones que trabajan sin concesión como Buggy Rides, cuyos inversionistas son, entre otros, Bruce Patrick Boren, vicepresidente de Televisa Network y Ana Midori Franco Endo, directora del área administrativa y financiera del ITAM. A este sistema le llaman “club”, cobran en efectivo o con tarjeta y a este cobro lo conocen como ‘compensación’ para evadir impuestos”.
Lo mismo ocurre con otra empresa, Taxify y Ergomotos que presta un servicio parecido, sin concesión, con 50 motocicletas al momento. De esta forma, los taxistas concesionados de la ciudad de México, los legales, tienen una competencia desleal y ruinosa contra los más de 45 mil piratas llamados Panteras que usan la cromática oficial con placas individuales de la ciudad de México, del Estado de México y otros estados, sino contra los más de 45 mil Uber, los más de 15 mil Cabify, los más de 18 mil mototaxis y las nuevas aplicaciones.
Y no sólo eso, sino que en la Asamblea Legislativa, el otro órgano de gobierno, en lugar de llamar a hacer cumplir las leyes que allí emanan, están buscando continuar el traje a la medida para estas aplicaciones, como lo está haciendo la diputada Wendy González, que busca haya módulos de quejas para las aplicaciones.
Los taxistas dijeron que aquí se combinan a la vez la Ley de la Selva y la Ley de Herodes, cada quien hace lo que quiere en esta CDMX, al amparo de un gran cochinito que están engordando para el tema electoral. La recaudación sin dar vista a la Tesorería es eso, el gran cochinito, como son los comerciantes ambulantes, los vagoneros del metro, los viene-viene, y tantos y tantos que trabajan en la informalidad, fuera de la ley y que se persignan con las autoridades.
Sin embargo, los taxistas de las terminales, el aeropuerto y sitios y bases en la Ciudad de México dijeron que seguirán en pie de lucha y van a incrementar sus movilizaciones, denuncias y las acciones jurídicas consecuentes “porque sabemos que tenemos la razón y les vamos a tumbar el negocito a los políticos y estas empresas transnacionales, no sólo en la ciudad de México, sino en todo el país. Ya les daremos noticias más adelante”.
